-Editorial
El Congreso del Estado de Baja California aprobó por unanimidad reformas constitucionales para fortalecer la protección de los derechos de las personas migrantes, entre ellas la prohibición de la discriminación por condición o situación migratoria y la garantía de acceso pleno a la educación para niñas, niños y adolescentes migrantes.
Las medidas fueron aprobadas el sábado con 20 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones, mediante el Dictamen No. 67 emitido por la Comisión de Gobernación. Las reformas modifican los párrafos tercero y décimo quinto del Apartado A del artículo 7 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California.
Una parte de la reforma deriva de la iniciativa presentada por la diputada Alejandrina Corral Quintero, del Partido Acción Nacional, cuyo objetivo es establecer la prohibición expresa de toda forma de discriminación basada en la condición o situación migratoria de las personas. En su exposición, la legisladora señaló que México, por su frontera con Estados Unidos, recibe de manera constante flujos migratorios, siendo Baja California una de las principales entidades receptoras.
Corral destacó la vulnerabilidad que enfrentan las personas migrantes, particularmente en su relación con las autoridades, y subrayó que fortalecer su protección legal contribuye al cumplimiento de tratados internacionales y a la defensa de los derechos humanos.
La segunda modificación corresponde a una iniciativa de la diputada Daylín García Ruvalcaba, de Movimiento Ciudadano, orientada a garantizar el acceso pleno y sin discriminación a la educación para niñas, niños y adolescentes migrantes, independientemente de su situación migratoria.
García señaló que la educación es un derecho humano fundamental que debe protegerse de manera especial para asegurar que las nuevas generaciones cuenten con herramientas que les permitan desarrollarse y ser competitivas. Añadió que Baja California, por ser una entidad fronteriza de alto tránsito, recibe importantes flujos de personas migrantes en tránsito, entre ellas un número significativo de menores que, debido a su condición migratoria, son propensos a ser excluidos del sistema educativo.
Legisladores indicaron que estas reformas buscan establecer salvaguardas constitucionales más claras para la población migrante y reforzar el compromiso de Baja California con la protección de los derechos humanos.
